Comunicado de prensa

Hoy, en los tribunales, esta Oficina se ha sumado a una petición de anulación de dos importantes condenas de hace más de veinte años. Esta decisión se basa en pruebas claras de discriminación inconstitucional en la selección del jurado. En concreto, una serie de notas encontradas en los expedientes judiciales de un único ayudante del fiscal, que dimitió de su cargo a finales de la década de 1990, contienen un esquema detallado para la selección de jurados que favorece en gran medida a los hombres blancos, desalienta la selección de mujeres y excluye totalmente del servicio de jurado a determinados grupos étnicos y religiosos y a las minorías. También hay pruebas convincentes de que los intolerables prejuicios que ponen de manifiesto estas notas se utilizaron realmente en la selección de los jurados en estos casos.

La necesidad de las medidas que tomamos hoy es evidente. No podemos, en conciencia, respaldar condenas en las que la selección del jurado está viciada en algún grado por la discriminación basada en la raza, el sexo, la religión, la etnia o el origen nacional. Si no se aborda, esta discriminación erosionaría la confianza pública en nuestro sistema judicial en un momento en que esa confianza es más baja que nunca. Y sólo reconociendo esta práctica discriminatoria honramos el duro trabajo de nuestros dedicados abogados y personal que hoy se esfuerzan por tratar a todas las personas de nuestra comunidad con dignidad y justicia, independientemente de quiénes sean o de dónde procedan.

Nosotros, como Oficina, estamos y seguiremos estando comprometidos con la erradicación de todas las formas de parcialidad en el sistema de justicia penal. Aparte de estos dos casos, estamos revisando todos los casos juzgados por este antiguo ayudante del fiscal hasta obtener un veredicto de culpabilidad (diez en total) y hemos realizado una auditoría de las oficinas en las que este ayudante del fiscal trabajaba en aquel momento. En una revisión de más de cincuenta expedientes de juicios de estas oficinas de los años noventa, no hemos encontrado pruebas similares de discriminación. Nos hemos formado y seguiremos formándonos sobre las formas sutiles de sesgo implícito para que no desempeñen ningún papel en ningún aspecto de nuestro trabajo ni del trabajo de otros en el sistema de justicia penal que afecta a las vidas de tantas personas.

También nos comprometemos a garantizar que quienes cometen delitos atroces no escapen a las consecuencias de sus actos. Por esta razón, hemos pedido que los acusados en estos casos de asesinato e intento de asesinato sean mantenidos en prisión preventiva sin fianza. No se ha descubierto ninguna deficiencia en las pruebas del juicio y los delitos cometidos siguen mereciendo incuestionablemente un enérgico enjuiciamiento. Pero seguiremos adelante con estos casos de forma justa, sin ningún atisbo de parcialidad o discriminación de ningún tipo. Haremos lo que debería haberse hecho hace tiempo, y lo haremos bien.

Toda persona acusada de un delito tiene derecho al debido proceso y todos los ciudadanos del condado de Queens tienen el mismo derecho y la misma responsabilidad al servicio de jurado. Nuestro ejercicio de la discreción en la selección de jurados debe centrarse en cada individuo como ser humano, y no en estereotipos basados en el género, la raza, la etnia o la religión. Esta conducta vergonzosa de hace más de dos décadas no refleja nuestros valores. Esto no es lo que somos. Me enorgullece que nuestras acciones de hoy demuestren nuestro compromiso colectivo de erradicar los prejuicios de odio del pasado y renovar nuestra promesa de permitir que todas las personas participen de forma significativa en el sistema de justicia penal.