Comunicado de prensa

La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, ha anunciado hoy que Simon Holder y Shellon Gill, ambos de Jamaica, Queens, han sido acusados de hurto mayor, posesión delictiva de bienes robados y otros delitos. La pareja, que es inquilina, supuestamente solicitó y recibió fondos Covid-19 de ayuda al alquiler de viviendas, destinados a ayudar a las personas afectadas negativamente por la pandemia de coronavirus. Tal y como se especifica en la Ley de Ayuda de Emergencia al Alquiler de 2020 y se promulgó el 25 de mayo de 2020, todos los pagos de ayuda al alquiler deben ir directamente a los propietarios únicamente.

El fiscal Katz dijo: “Según se alega, estos dos acusados se aprovecharon de un programa del Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (DHCR) que se creó para mantener a las personas en sus hogares mediante el pago de su alquiler directamente a los propietarios. Incluso después de haber sido sorprendidos presuntamente embolsándose el dinero del Programa Covid-19 de Alivio del Alquiler Residencial, los inquilinos se negaron a devolver los fondos y ahora se enfrentan a graves cargos. No toleraremos esto en el condado de Queens”.

Holder, de 38 años, fue procesado a última hora del viernes y el acusado Gill, de 32 años, fue procesado el jueves por la noche, ambos ante el juez Johnson del Tribunal Penal de Queens. Ambos acusados, que viven en Tuskegee Airmen Way en Jamaica, Queens, están acusados en una denuncia penal de hurto mayor en tercer grado, posesión delictiva de bienes robados en tercer grado, falsificación de registros comerciales en primer grado y ofrecimiento de un instrumento falso para su presentación en primer grado. Se ordenó a ambos que regresaran al Tribunal el 10 de diciembre de 2021. Si son declarados culpables, Holder y Gill se enfrentan a hasta siete años de prisión.

Según los cargos, en torno al 27 de julio de 2020, la acusada Gill rellenó y envió una solicitud online para que se enviara una desgravación por alquiler al propietario de la vivienda que alquilaba. Gill alegó falsamente que ella era la única persona que residía en la residencia y ordenó que el pago se enviara al codemandado Holder a una dirección de Brooklyn. El DCHR envió por correo electrónico una carta y otros documentos que debía rellenar el presunto propietario, que en la solicitud figuraba como Simon Holder. Se presentó la documentación requerida a la DHCR y se emitió un cheque por valor de 3.480 dólares a nombre de Holder.

El fiscal Katz dijo que un abogado senior del DCHR habló con el propietario real de la propiedad de Tuskegee Airmen Way, quien indicó que tanto Holder como Gill eran sus inquilinos. Según la denuncia, se mudaron a la unidad de alquiler a principios de 2019 y no habían pagado el alquiler desde mediados de 2019. El propietario consiguió una orden de desalojo, pero la moratoria de desahucios de Covid le impidió sacar a la pareja de la vivienda.

El DCHR se puso en contacto con el acusado Gill y le dijo que entregara los 3.480 dólares al propietario o devolviera el dinero al Estado. Los codemandados supuestamente no hicieron ninguna de las dos cosas. En su lugar, el acusado Holder llamó al propietario real y supuestamente le amenazó con dispararle por denunciar el incidente a las autoridades.

La investigación fue llevada a cabo por el investigador Louis Mangas de la Policía Estatal de Nueva York, bajo la supervisión del investigador principal MK Fagan, y bajo la supervisión general del teniente Jason F. Delos-Santos y el capitán Lucas M. Shuta de la Tropa NYC.

El fiscal adjunto Myongjae M. Yi, jefe de sección de la Oficina de Vivienda y Protección de los Trabajadores de la Fiscalía, está llevando el caso bajo la supervisión de los fiscales adjuntos William Jorgenson, jefe de la Oficina, Christina Hanophy, subjefa de la Oficina, y bajo la supervisión general del fiscal adjunto ejecutivo de investigaciones Gerard A. Brave.